El mes pasado se anunció una iniciativa para desarrollar vacunas contra algunas de las infecciones peligrosas que aún no lo tienen (como el SARS, el Zika o el Ébola) y después acumular suficientes dosis para hacer frente a un brote y evitar que se convierta en una epidemia. Ha comenzado con un presupuesto de 500 millones de dólares, que se espera doblar, proporcionado por gobiernos y fundaciones.
La idea es tan buena como necesaria, pero el tema de las vacunas, un fármaco que se da a personas sanas, siempre despierta recelos. La prueba es que algunos comentarios a esta noticia ponen el grito en el cielo porque creen que es una estratagema de las multinacionales para poder vender de golpe miles de dosis de sus productos. Este tipo de posturas demuestra una visión simplista de cómo funciona la sanidad pero también refleja uno de los problemas de tener que depender de las farmacéuticas para la producción de medicinas: cómo regular su retribución.
La semana pasada se resolvió una agria disputa que mantenían el MIT y la Universidad de Harvard, por un lado, y la Universidad de California por el otra, relacionada con la propiedad intelectual del CRISPR / CAS9, el revolucionario sistema de edición genética que ya ha cambiado la forma de hacer investigación y que no debería tardar mucho en entrar en los hospitales. El resultado es que Harvard puede mantener las patentes que California, la sede de los primeros descubridores, quería declarar nulas.
Los detalles legales del caso son complejos y debemos asumir que la decisión debe ser la más justa de acuerdo con la normativa vigente, pero lo que esto significa, en la práctica, es que todo el que quiera usar el CRISPR / CAS9 médicamente deberá pagar dos veces, una a los que desarrollaron el sistema genérico (en California) y la otra a los que protegieron su uso en células humanas (en Harvard). El resultado es que el producto se encarecerá y el usuario asumirá el coste. Y todo por un tecnicismo. Esto puede ser tolerable cuando hablamos de artículos de lujo, pero no cuando lo que está en juego es la salud.
Las patentes son importantes para incentivar la investigación y el desarrollo, y también para premiar el valor de las ideas. Son necesarias para proteger una inversión arriesgada, pero no deben servir de excusa para el enriquecimiento excesivo de unos pocos en detrimento de la calidad de vida de muchos.
El ejemplo más extremo es el precio desorbitadamente alto de muchos tratamientos para el cáncer, al menos en los primeros años, varios órdenes de magnitud sobre el coste real. Aunque es comprensible que una empresa farmacéutica quiera rentabilizar cuanto antes los fondos invertidos en el desarrollo de un producto (que suele superar fácilmente los mil millones de dólares, no lo olvidemos), la ética tiene unos límites que no deberían cruzar nunca.
Es importante entender qué papel juegan y deben jugar las iniciativas privadas en el tejido social para poder recompensarles y controlarlas de la manera adecuada. Y no solo en el campo médico. Es infantil echarle la culpa de todos los males a los bancos, sin los cuales no podría existir el sistema económico que es la base de las sociedades democráticas, pero es irresponsable darles a cambio un cheque en blanco, porque han demostrado más de una vez que abusan.
El desastroso rescate derivado de la última crisis, que ha vaciado las arcas públicas cuando más las necesitamos mientras algunos aseguraban jubilaciones holgadas, no se debería repetir más. Igualmente, las farmacéuticas son parte indispensable del mundo sanitario, pero se les debe hacer encontrar cómo equilibrar objetivos financieros con la responsabilidad que tienen por el hecho de que la salud de su negocio dependa de la salud los demás.
Evitemos caer en maniqueísmos innecesarios, pero también en una complacencia peligrosa. El sistema funciona si se vigila bien. Que una compañía farmacéutica se haga de oro con la venta de unas vacunas no significa necesariamente que nos time. La medicina avanza porque los estados y las empresas invierten, unos a fondo perdido, los otros buscando beneficios.
Los gobiernos no pueden desatender los presupuestos de investigación, como las farmacéuticas no pueden abusar de la situación de poder. Ambas cosas aún pasan, por desgracia, y seguirán ocurriendo. En un país con tendencia endémica a las puertas giratorias y la ignorancia científica, debemos estar alerta. Y eso es trabajo de todos.
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